RIO GALLEGOS
Echazú denuncia rebeldía jurídica en la sesión secreta que designó vocales del TSJ
El diputado peronista cuestionó la legitimidad de la sesión que nombró a Acevedo y González Nora.
Asegura que se violó una cautelar vigente y que todo el proceso está “viciado de nulidad”. El bloque presentó una denuncia judicial.
El diputado provincial Eloy Echazú, referente del bloque Unión por la Patria, calificó como “ilegítima” la sesión secreta realizada ayer en la Legislatura de Santa Cruz, donde se aprobaron dos de las cuatro ternas enviadas por el Ejecutivo para designar nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En diálogo con el programa Complot, Echazú denunció que el oficialismo incurrió en “rebeldía jurídica” al avanzar con el tratamiento pese a una medida cautelar vigente.“La cautelar fue dictada el viernes 19 y cada diputado recibió notificación personal el martes. Yo me notifiqué a las 15:30 en papel. No pueden decir que no sabían”, afirmó.
Según el legislador, la medida judicial —presentada por el Sindicato de Judiciales— establecía que durante diez días no se podía tratar ni dar vista a los pliegos en la Comisión de Asuntos Constitucionales.Echazú sostuvo que la sesión extraordinaria y secreta, donde se aprobaron las ternas de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, se realizó en abierta violación a esa orden judicial.
“Todo el proceso está viciado de nulidad. La justicia debe actuar ante esta desobediencia institucional”, advirtió.
Consultado sobre las declaraciones del oficialismo, que sostiene que la cautelar no fue formalmente ingresada a la comisión, Echazú fue contundente: “No importa si les gusta o no el juez. Hay una medida judicial que debe cumplirse. No se puede elegir qué leyes acatar según simpatías políticas”.
El diputado también confirmó que el bloque opositor presentó una denuncia penal el miércoles, alertando sobre el incumplimiento de la cautelar. “Nosotros avisamos. La sesión secreta no debió realizarse. Ahora hay que esperar qué dictamina la justicia”, concluyó.Desde el oficialismo, en cambio, se sostiene que el proceso fue legítimo y que los nombramientos serán informados al Ejecutivo en los próximos días. El conflicto institucional sigue escalando, mientras se espera una definición judicial sobre la validez de las designaciones.
