Santa Cruz: Claudio Vidal entrega áreas naturales protegidas a capitales de Dubái

Santa Cruz: Claudio Vidal entrega áreas naturales protegidas a capitales de DubáiEl Glaciar Perito Moreno y sus bosques nativos también son argentinos.

En un hecho gravísimo y sin precedentes en nuestra provincia, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal acaba de firmar un decreto que autoriza el traspaso de tierras de un área natural provincial protegida, y de invaluable valor ambiental frente al Glaciar Perito Moreno, a una sociedad extranjera de Emiratos Árabes Unidos, sin pasar por la Legislatura provincial y dando por tierra de manera arbitraria e inconsulta con una legislación que resguarda esas 39.800 hectáreas del patrimonio provincial a perpetuidad.

El Partido Obrero de Santa Cruz repudia enérgicamente el Decreto Provincial 0915/2026, mediante el cual el gobernador Claudio Vidal decidió exceptuar “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción vigente y habilitó la transferencia de un inmueble ubicado dentro del Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes a favor de ASB Hospitality Calafate SAU, para el denominado (y desconocido por todos con excepción del propio Vidal) “Master Plan Ecocentro”.

El gobierno provincial debe abrir el expediente y explicar por qué exceptuó una legislación conservacionista que lleva más de tres décadas de vigencia para habilitar una operación inmobiliaria con su subsiguiente desarrollo urbano a una sociedad extranjera, desconociendo una política de Estado que desde 2003 ha consagrado para esa zona el más alto estándar de protección y conservación para las actuales y siguientes generaciones de santacruceños.El decreto “excepcional” fue firmado a espaldas del pueblo de la provincia el 1° de septiembre y publicado en el Boletín Oficial recién el 22 de septiembre sin pasar por la Legislatura.

Se trata, sin lugar a dudas, de una burla siniestra, tratándose de un área de altísima sensibilidad ambiental que está a resguardo de la provincia desde 1993. Decreto que, inclusive, pasa por alto fallos del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz en la demanda que la provincia debió enfrentar contra la sociedad Lacustre del Sud S.A. y en la cual el Estado defendió jurídicamente, con la ley en la mano, la integridad del Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes, oponiéndose a proyectos de explotación turística por parte de esa sociedad.

En su fallo de mayo de 2012, el máximo Tribunal sostuvo que resulta evidente que en la restricción impuesta aparece una colisión entre el interés privado del propietario y el interés colectivo, pero que de ambos ha de prevalecer este último. Entre los considerandos del fallo por parte del Superior Tribunal podemos citar: “La zona donde se encuentran las tierras propiedad de Lacustre del Sud S.A. constituye, sin dudas, un ecosistema que va mucho más allá de su mera observación paisajística.

En razón de ello se ha establecido un área protegida, con el fin de preservar incólume no solo su indiscutible belleza natural, sino también el ecosistema del lugar. La zona posee un alto valor biológico aportado por la flora y fauna que la habitan; de allí el especial cuidado que se le debe dispensar.”

Con su vergonzante decreto “por única vez”, Vidal acaba de borrar de un plumazo más de treinta años de jurisprudencia ambiental del Estado santacruceño que resguarda el patrimonio común de todos y cada uno de sus ciudadanos.Pero justamente allí reside la cuestión política y jurídica que el gobierno debe explicar: ¿Por qué una restricción establecida para proteger tierras ubicadas dentro de áreas naturales protegidas debe ser levantada “excepcionalmente” para permitir esta operación inmobiliaria?

No alcanza con afirmar que la excepción es “por única vez”. El Ejecutivo debe explicar cuáles son los fundamentos jurídicos, ambientales, económicos y territoriales que justifican apartarse de una regla general y de una normativa defendida por el propio Estado Provincial desde hace más de tres décadas.

Como si fuera poco, el decreto sostiene que el proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada (¡!) y que su ejecución deberá ajustarse a las Leyes provinciales 3.466 y 2.658, además de los planes de manejo y medidas de mitigación que establezcan las autoridades competentes.

Pero la existencia de una Declaración de Impacto Ambiental firmada entre gallos y medianoche a la medida de una sociedad extranjera no clausura la discusión pública.El Concejo Deliberante de El Calafate, en su sesión del 24 de septiembre, cuestionó precisamente la falta de mecanismos de participación comunitaria y señaló que el artículo 8 de la legislación provincial de impacto ambiental contempla mecanismos obligatorios de consulta ciudadana.

Por eso, desde el Partido Obrero exigimos que se informe cuándo comenzó el procedimiento de evaluación ambiental; qué mecanismos de participación ciudadana fueron utilizados; cuándo y dónde fueron publicados; qué organizaciones, vecinos y actores locales pudieron intervenir; cuáles fueron las observaciones recibidas y cómo fueron incorporadas -o rechazadas- en la evaluación ambiental.Una Declaración de Impacto Ambiental no puede convertirse en una autorización para decidir a espaldas de la población.La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque existen planteos públicos para que sea la propia provincia de Santa Cruz quien adquiera el inmueble y garantice su preservación a perpetuidad.

El gobierno debe informar si evaluó esa alternativa y, especialmente, si analizó las herramientas jurídicas previstas por el régimen provincial de áreas protegidas.El pueblo de Santa Cruz quiere conocer el expediente completo, los dictámenes jurídicos y ambientales y todas las actuaciones administrativas vinculadas con la operación.No aceptamos que el argumento de una “inversión turística” sea utilizado para justificar automáticamente la transferencia de territorio protegido a capitales internacionales.¿Desarrollo turístico o gran negocio inmobiliario para pocos?

El debate tampoco debe clausurarse falsamente como una oposición entre “turismo” y “trabajo” o “preservación ambiental”. El turismo sostenible puede desarrollarse bajo diferentes formas de propiedad, control y usos del territorio diferentes de las que se proponen desde el gobierno y el partido SER.La pregunta que Vidal y sus funcionarios deben responder es quién será propietario de la tierra, quién controlará el emprendimiento, qué beneficios económicos quedarán para Santa Cruz y sus comunidades, qué obligaciones tendrá el inversor y qué garantías existen sobre el irrepetible y frágil patrimonio ambiental y territorial puesto en juego.

El propio objeto societario de la adquirente comprende actividades hoteleras, turísticas e inmobiliarias. Por eso exigimos que se conozcan públicamente las condiciones económicas de la transferencia y la totalidad de los compromisos asumidos por la empresa y el Estado.El desembarco de esta sociedad dubaití en un área periglaciar y de amortiguación ambiental lindante con el Parque Nacional Los Glaciares, frente al Glaciar Perito Moreno y en medio de bosques nativos centenarios protegidos por la provincia de Santa Cruz, responde al renovado interés de un capitalismo depredador global que viene bregando desde 2011 por apropiarse de la zona para montar una economía de enclave turístico a partir de la creación de un resort y centro de esquí alpino frente al Glaciar.

Complejo que –de erigirse en Península y en el transcurso de unos pocos años- funcionará como un verdadero “estado dentro del Estado” que fugará las divisas generadas hacia casas matrices en el extranjero dejando a cambio algunas pocas docenas de puestos de trabajo precarios o de baja cualificación, amén del daño ambiental y paisajístico irreversible que el desarrollo inmobiliario provocará sobre la montaña, la fauna y el bosque nativo.

La pequeña “excepción” del gobernador Vidal así alcanza para matar de una sola vez aquello que los santacruceños venimos protegiendo desde hace décadas para disfrute de nuestros hijos y nietos.Santa Cruz no puede ser zona liberada al capital internacionalMientras miles de familias santacruceñas enfrentan dificultades para acceder a tierra y vivienda, el gobierno provincial facilita mediante una excepción normativa la transferencia de una parcela ubicada en uno de los territorios de mayor valor ambiental y paisajístico de la provincia. La política de tierras de Santa Cruz no puede reducirse a garantizar negocios para grandes capitales.Desde el Partido Obrero planteamos que toda política territorial debe partir de las necesidades sociales de la población trabajadora, del acceso a la tierra, de la protección ambiental y de la soberanía sobre los recursos estratégicos.

Por eso reclamamos declarar la inconstitucionalidad del Decreto Provincial 0915/2026 y solicitar su derogación inmediata. El gobernador de Santa Cruz no puede "pasar por encima" de leyes nacionales y provinciales mediante un decreto, ni siquiera bajo el argumento de que es "excepcional". Un decreto del Poder Ejecutivo provincial posee jerarquía jurídica inferior a leyes dictadas por el Congreso Nacional y por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Publicación íntegra del Expediente CAP Nº 495.894/23. Publicación de todos los dictámenes jurídicos, ambientales y económicos que fundamentaron el Decreto 915/26. Identificación completa de los beneficiarios finales de la sociedad adquirente. Publicación del contrato y de las condiciones económicas de la transferencia. Acceso público a la Declaración de Impacto Ambiental y a sus antecedentes.

Explicación de los mecanismos de participación ciudadana utilizados. Informe sobre las alternativas que tuvo el Estado provincial para preservar o adquirir el inmueble. Intervención de la Legislatura y de los organismos de control en todo lo relativo a la operación.La tierra de Santa Cruz no puede ser tratada como una mercancía disponible para quien tenga el capital suficiente para comprarla. No a la extranjerización y al desarrollo urbano-inmobiliario de las tierras protegidas. No a las “excepciones” hechas a la medida de los grandes capitales.

Defendamos la Península de Magallanes y el patrimonio territorial de Santa Cruz. La tierra, los recursos naturales y el patrimonio ambiental deben estar al servicio de los trabajadores y del pueblo.Las Malvinas son argentinas. El Glaciar Perito Moreno y el bosque nativo del Parque Provincial Península de Magallanes, también.