Quién es Fernando Basanta, el nuevo vocal del Tribunal Superior de Justicia

Esta tarde, por 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, la Cámara del Pueblo aprobó la designación propuesta por el Ejecutivo, para que el ex ministro de Gobierno ocupe la vacante en el máximo tribunal santacruceño.  

El miembro informante del proyecto fue el diputado Martin Chávez, quien se ocupó de rebatir los argumentos que la oposición esgrimió para rechazar la designación y que se basaban en que el abogado nacido en Santa Cruz no cumplía con los requisitos que marca la ley en cuanto a la matricula y cantidad de años en el ejercicio de la profesión.

En paralelo se había presentado un amparo en el que se le pretendía exigir al Poder Judicial que no permitiera al Poder Legislativo avanzar con la propuesta del Ejecutivo, el cual fue rechazado a primera hora de la mañana de este jueves, en un fallo que determinó que Basanta “cumple con los requisitos en virtud de las diversas tareas que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria profesional”.Es decir que, a diferencia de lo que sostenían los amparistas nucleados en el gremio judicial, el ejercicio del derecho en la esfera pública cuenta tanto como aquel que se realiza en la faz privada. 

En este punto vale mencionar que Basanta cumplía funciones como fiscal y hasta el momento, no se le habían achacado ninguno de los argumentos planteados por sectores de la oposición y a lo largo de más de tres mil dictámenes, no tuvo recusaciones.

Fernando Basanta fue designado fiscal el 27/12/19, ejerciendo este cargo desde hace más de dos años y ocho meses en los que además subrogó en varias oportunidades la fiscalía de cámara y ante el superior tribunal de justicia de la provincia. 

En su defensa de la propuesta del Ejecutivo, Chávez hizo hincapié en ponderar la militancia política de Basanta, entendiendo que “en un sistema democrático, no constituye obstáculo alguno ni la militancia política ni aún la afiliación a un partido político” y para ello dio ejemplos como el de José Gorostiaga, Salvador María del Carril, Figueroa Alcorta, entre otros, en su mayoría del radicalismo hasta llegar a Carlos Fayt, que era afiliado al partido socialista o más acá con Carlos Rosenkratz, reconocido militante radical o el ex diputado Juan Carlos Maqueda. Los últimos dos, actuales miembros de la Corte.

Basanta es hijo de Santa Cruz, su padre nació en Puerto Deseado y su madre vino desde Buenos Aires buscando un futuro mejor. Nació en la Localidad de Rio Gallegos en un hospital público, cursó sus estudios primarios y secundarios en el sistema de educación pública de la Provincia (colegio república de Guatemala), se recibió de abogado en una universidad pública (UBA), volvió luego de terminar sus estudios y trabajar en la Nación. Formó su familia con una santacruceña de la localidad de Rio Turbio, con quien tiene dos hijos, uno nacido en Rio Gallegos y otro en Rio Turbio.Su carrera habla de un recorrido por los tres poderes del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial.

Trabajó ad honorem en una mesa de entradas, pasando por el Legislativo y Ejecutivo Nacional como empleado en diferentes cargos y como funcionario.Cumplió funciones en la Dirección Nacional de relaciones con el Poder Legislativo, en la sanción de todas las leyes nacionales en el periodo 2011/2015 y formó parte como asesor, de la Comisión que elaboro el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.Cuando asumió Alicia Kirchner en 2015 lo designó ministro de Gobierno, en uno de los peores momentos para la provincia como consecuencia de la embestida del gobierno de Mauricio Macri contra santa Cruz que se materializaron en ajustes y despidos en YCRT.

Sus aportes técnicos/jurídicos como abogado, pueden verse reflejados en cada resolución ministerial y decreto provincial que llevan su firma en ese periodo. Siendo uno de los más relevantes, la creación del sistema de seguridad pública y del servicio Penitenciario de la Provincia (cuya Ley fue sancionada por unanimidad de los integrantes del legislativo de ese momento). Por otra parte, y como conclusión, no obra en su contra, una sola denuncia ante la justicia por hechos de corrupción o ilícito alguno, en toda su carrera como funcionario público.