Presentaron un proyecto para capacitar e insertar laboralmente a 1.000 personas en la industria minera

La iniciativa fue impulsada por diputados del bloque MOVERE y propone la creación de un programa extraordinario destinado a residentes de diez localidades del norte santacruceño. El financiamiento provendría del Fondo Fiduciario UniRSE.

Los diputados provinciales Javier Jara, Claudia Barrientos, Fernando Pérez y Patricia Urrutia presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Extraordinario de Capacitación e Inserción Laboral Minera para la Zona Norte de Santa Cruz, una iniciativa orientada a brindar formación específica y oportunidades laborales a vecinos de distintas localidades de la región.

La propuesta ingresó el pasado 24 de junio a la Honorable Cámara de Diputados bajo el Proyecto N° 396 y fue girada a las comisiones correspondientes para su tratamiento legislativo.

Según el texto, el programa se desarrollará en el marco de la Ley Provincial N° 3476 y estará destinado a capacitar e insertar laboralmente a 1.000 personas mayores de 18 años con residencia efectiva en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas, Koluel Kayke, Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo.

Distribución de cupos

La iniciativa establece una distribución territorial de los beneficiarios. Caleta Olivia concentraría la mayor cantidad de vacantes con 240 cupos, seguida por Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado, con 180 cada una. En tanto, Perito Moreno y Los Antiguos contarían con 80 lugares cada una, mientras que Lago Posadas, Koluel Kayke, Cañadón Seco y Fitz Roy-Jaramillo tendrían 15 cupos por localidad.

Entre los criterios de selección se contempla una prioridad para jefes y jefas de hogar cuyos grupos familiares no perciban ingresos formales al momento de la inscripción. Para verificar estas condiciones, la autoridad de aplicación deberá coordinar acciones con los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la provincia.

Financiamiento con fondos de UniRSE

El proyecto prevé financiar el programa mediante una afectación específica de recursos del Fondo Fiduciario UniRSE. En concreto, se autoriza la asignación mensual de fondos equivalentes a un millón de dólares estadounidenses durante seis meses consecutivos, tomando como referencia la cotización tipo vendedor del Banco Nación del día hábil anterior a cada desembolso.

Formación orientada a la actividad minera

La capacitación estará enfocada en las necesidades de la actividad minera y su cadena de valor. Los contenidos incluirán formación en seguridad e higiene, educación técnica inicial y de perfeccionamiento, certificaciones finales y otros módulos que la autoridad de aplicación considere necesarios de acuerdo con la demanda del sector.

Asimismo, se contempla la realización de prácticas formativas supervisadas en organismos provinciales, municipios, comisiones de fomento, empresas estatales, compañías mineras y firmas contratistas o proveedoras que operen en Santa Cruz. Los convenios deberán establecer tutores responsables, planes de actividades, cargas horarias y cobertura de seguros y elementos de protección personal.

Asignación estímulo y control institucional

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la creación de una asignación estímulo para los participantes, cuyo monto será definido por la autoridad de aplicación y no podrá ser inferior al equivalente a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

No obstante, la iniciativa aclara que la participación en el programa no generará relación laboral con el Estado provincial ni derechos de estabilidad o incorporación a planta permanente.

Por otra parte, el proyecto establece mecanismos de control y seguimiento. La autoridad de aplicación deberá remitir informes mensuales a la Cámara de Diputados, a los Concejos Deliberantes y a las Comisiones de Fomento de las localidades involucradas, detallando la ejecución de fondos, cantidad de beneficiarios, convenios suscriptos y resultados obtenidos en materia de inserción laboral.

Además, los municipios y comisiones de fomento tendrán facultades para fiscalizar la implementación del programa, supervisar el cumplimiento de los cupos asignados y requerir información ante posibles irregularidades.

En caso de ser aprobada la ley, el Poder Ejecutivo Provincial deberá designar la autoridad de aplicación y reglamentar la norma en un plazo máximo de 30 días desde su publicación oficial.