Feministas reclaman ejecución ante negativa de aplicación de IVE
Araucarias, agrupación feminista argentina, ha sido una de las protagonistas principales en la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Sus luchas se vieron reivindicadas cuando el pasado 30 de diciembre de 2020, el Congreso de la Nacional sanciona la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) No 27.610. Fue un día de júbilo para quienes apoyaban la moción de la interrupción del embarazo (hasta las 14 semanas) de forma legal, segura y gratuita. No obstante, Araucarias ha manifestado que, pese al importante hito logrado con la aprobación de la Ley IVE, siguen existiendo no sólo reservas, sino que hay establecimientos hospitalarios públicos donde persiste la negativa de aplicar la interrupción del embarazo en el marco de las 14 semanas que señala la Ley aprobada en diciembre del año pasado.
Esta agrupación feminista ha hecho señalamientos muy puntuales acerca de los maltratos a los que han estado sometidas algunas mujeres al momento de ejercer sus derechos dentro de un marco legal que las ampara. Si bien Argentina dio un paso adelante en la ampliación de derechos con la aprobación de la Ley IVE, desde Araucarias creen que aún falta mucho para establecer prácticas que estén en correspondencia con la Ley. De hecho, sostienen que: “Hoy, la inmensa mayoría de los y las obstetras de la provincia son obstaculizadores, y si bien la objeción de conciencia es una figura que está contemplada en la ley N 27.610, es obligación del Ministerio de Salud la contratación de profesionales “verdes”. De lo contrario, no hay forma de argumentar que el derecho se esté garantizando. Al menos no sin que desde este espacio les recordemos que es mentira”.
Sin dudas, se trataría de una contradicción en cuanto a la aplicación efectiva de una Ley de reciente data, pero con una importante carga de justicia, principalmente a favor de las mujeres y sus luchas por la igualdad de derechos y oportunidades. Finalmente, desde Araucarias puntualizaron: “Necesitamos un Ministerio de Salud que escuche, atienda y ordene el cumplimiento de un derecho que nos costó tantos años de dolor y pérdida de vidas conseguir”.
