TENSIÓN
En medio de las protestas, el gobierno de Bolivia admitió la muerte de un manifestante
La muerte del joven de 24 años ocurrió el sábado durante un operativo conjunto de policías y militares que procuraba desbloquear los accesos terrestres a la sede administ
Una multitudinaria marcha de mineros, campesinos y obreros derivó este lunes en violentos choques con la policía en el centro de La Paz, Bolivia. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a causa de la severa crisis económica que azota al país y las políticas liberales de su gestión.
El Gobierno, en tanto, reconoció este lunes el fallecimiento de un manifestante durante las protestas del sábado, un hecho que en principio había negado.Los disturbios estallaron tras la llegada de las columnas sindicales desde la ciudad de El Alto. Grupos de huelguistas intentaron vulnerar el cerco de seguridad de la plaza central, sitio donde el mandatario tiene sus oficinas. En respuesta, los agentes antimotines repelieron a la multitud con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes respondieron con piedras.
En un intento por apaciguar el conflicto, el jefe de Estado oficializó una reducción del 50 por ciento en los salarios del Ejecutivo y un plan de alivio tributario para trabajadores informales.
"No es una medida para ricos", aclaró el mandatario durante un acto en la ciudad de Sucre, en clara alusión a los reclamos opositores.Paz atribuye el clima de inestabilidad a maniobras políticas de la oposición y solicita la apertura del diálogo. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) rechaza cualquier negociación hasta lograr la anulación de la orden de arresto contra su líder, Mario Argollo, acusado por los delitos de instigación a delinquir y sedición.
El Gobierno boliviano admitió la muerte de un manifestante tras haberlo negado inicialmenteEn medio del clima de máxima tensión, el Ejecutivo reconoció este lunes el fallecimiento de un joven de 24 años que el mismo Gobierno negó un día antes. La muerte ocurrió el sábado durante un operativo conjunto de policías y militares que procuraba desbloquear los accesos terrestres a la sede administrativa.
El portavoz oficial reiteró que las fuerzas de seguridad tienen la instrucción estricta de no utilizar armamento letal en los operativos callejeros. Para concluir su intervención sobre el caso, Gálvez aseguró: "Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley".
