Dieron de baja a 60.000 beneficiarios: cómo saber si cobro en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inhabilitará pensiones luego de una importante auditoría.  La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó hace unas semanas que se procederá a la cancelación de 60.000 pensiones de la ANSES debido a incumplimientos con los requisitos.

Esta medida se debe a una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que descubrió una "actividad fraudulenta a gran escala" de hasta 3.400 millones de dólares durante el último año.La auditoría, dirigida por Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de ANDIS, y Mario Russo, Ministro de Salud, reveló un aumento significativo en el número de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral.

Estas pensiones se incrementaron de 79.000 en 2003 a 1.222.000 a diciembre de 2023, un aumento que fue descrito como "estratosférico" y comparable a las cifras de países en crisis económica severa.Por otro lado, el organismo previsional dirigido por Mariano de los Heros también confirmó recientemente que un sector de titulares serán beneficiarios de subsidios en los servicios.

Por qué ANSES dio de baja a 60.000 beneficiarios y quiénes son

Las 60.000 pensiones que el gobierno dará de baja estarán destinadas a personas con discapacidad debido a irregularidades en su otorgamiento. Las irregularidades incluyen la posesión de varios vehículos, propiedades, bienes en el extranjero, embarcaciones y aviones privados por parte de los beneficiarios.

Además, se descubrió que también estaban recibiendo el servicio de obra social Incluir Salud, lo que generó un gasto promedio de 1.5 millones de pesos por afiliado. Manuel Adorni, vocero presidencial, enfatizó que las pensiones por discapacidad deben ser asignadas exclusivamente a quienes realmente requieren esta asistencia debido a una discapacidad que les impide trabajar.El Gobierno advirtió que las pensiones otorgadas fraudulentamente serán denunciadas penalmente, en el marco de una política más amplia para combatir la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.