Convenio con Educación: El Poder Judicial suma intérpretes de lenguaje de señas
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) firmó un convenio con el Consejo Provincial de Educación (CPE), mediante el cual el Poder Judicial accede a un registro de personas que traducen el lenguaje de señas para que quienes tienen discapacidad auditiva, puedan denunciar y recibir asesoramiento.
El convenio se llevó a cabo con la participación de la presidenta del TSJ, Paula Ludueña, la vocal Reneé Fernández y el vocal Enrique Peretti; por su parte, por parte del CPE estuvo presente su titular, Cecilia Velásquez y Ninette Milostic, jefa de Gabinete del organismo.
Esta importante iniciativa surgió desde la Oficina de Género dependiente del máximo tribunal, cuya titular, Sabrina Granero, coordina las Oficinas de Violencia Doméstica (ODV). La iniciativa surge precisamente porque esta dependencia atendió a personas víctimas de violencia de género y que además tienen discapacidades auditivas. Cuando esto sucede, las personas agredidas no tienen la debida asesoría para poder exponer sus casos, dado que la dependencia no contaba con intérpretes de lenguaje de señas. Cuando esto ocurría, la OVD abordaba el caso solicitando a la cartera educativa que facilitara el contacto de alguna traductora, aunque se trataba de una colaboración informal.
Durante la reunión, Ludueña remarcó la relevancia de contar con esta herramienta y así garantizar plenos derechos para las víctimas de violencia de género. Si bien el convenio abarca todos los fueros, la presidenta del máximo tribunal marcó la importancia de este avance con mirada de género, ya que “quienes sufren violencia se encuentran doblemente afectadas, por la violencia doméstica y además por las barreras para acceder a asistencia y justicia”, sostuvo.
En 2016, la ley provincial 3.464, estableció que es un derecho lingüístico utilizar la lengua de señas como lengua oficial a los fines de expresarse y comunicarse. La norma establece en su artículo 3 que el Consejo Provincial de Educación será la Autoridad de Aplicación y tiene a su cargo el Registro Provincial de Intérpretes de Lenguas de Señas Argentina.
Por otra parte, en el Artículo 8 se ordena la creación del cargo de Perito Intérprete en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.
Sobre el convenio, la presidenta de CPE sostuvo que se trata de una medida de acceso a la justicia, en la cual “el Consejo valida que en el registro hay personas que están formadas y el Poder Judicial va a establecer un sistema para disponer de ese personal para que interprete a las personas con hipoacusia y con dificultades para que los demás lo comprendan”.
El Registro, que en principio es para el Poder Judicial, va a estar en la Secretaría de Coordinación Educativa, y según explicó la secretaria técnica pedagógica, Alejandra Pérez Ozuna, la idea es “hacer el lenguaje de señas argentinas, que no es lo mismo que la gramática asignada, que es lo que utilizan la mayoría de personas con hipoacusia o la comunidad sorda que maneja la lengua de señas. Por eso hacemos hincapié en este Registro, ya que hablamos de comunidad sorda y personas sordas que no tienen restos auditivos y después de hipoacúsicos, que tienen y están equipados, algunos a través de audífonos o implante coclear pero que no solo se manejan oralmente, sino que se apoyan en el lenguaje de señas. Están oralizados en un lenguaje practico, funcional, pero cuando tenes que trabajar algo que comprensión que necesitan internalizar necesitan apropiarse de que significa cada palabra”.
